Marcha del Silencio, para que quien debe hablar, hable...

Ayer, en un mensaje emitido en cadena nacional, familiares de detenidos desaparecidos agradecieron al presidente José Mujica por permitir esta comunicación y reconocieron el apoyo que recibieron de tantos ciudadanos en esta lucha.

"Esta marcha recuerda el secuestro de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. En ellos representamos a todos nuestros desaparecidos, llevados adelante por las Fuerzas Armadas orientales y argentinas", predica el comienzo del mensaje.

"Nuestra lucha persigue los objetivos de verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado. Un día la tragedia se instaló y tuvimos dos opciones: luchar o resignarnos. No vivimos en el pasado: sentimos que estamos comprometidos con el futuro de las nuevas generaciones, donde se garantice la plena libertad de las personas".

"En el centro de nuestra lucha está encontrar los restos de nuestros seres queridos, por eso en nuestro trabajo está la investigación. Hoy las Fuerzas Armadas siguen ocultándolo, sin admitir su responsabilidad, y continúan las desapariciones. Sin verdad y justicia no hay reconciliación", remarca el mensaje que culmina convocando a participar de la marcha del silencio que se realizará este jueves a las 19 horas: "La lucha por la justicia necesita de todos ustedes".

La marcha partirá de Rivera y Jackson bajo la consigna “Sin verdad y justicia no hay reconciliación”. En conversación con Montevideo Portal, el integrante de Detenidos Desaparecidos Oscar Urtazum señaló que este es un año muy especial, particularmente por la asunción de un nuevo gobierno con el que ya se marcaron coincidencias y diferencias.

”Con el presidente Mujica hay mucha cosa con la que no estamos de acuerdo, pero por otro lado nos dio una mano con la cadena nacional”, expresó Urtazum, señalando las discrepancias existentes entre la forma de entender las Fuerzas Armadas de José Mujica y la de Familiares. ”El primer acto de Justicia es la verdad”, dijo Ortazum, quien agregó que el “corporativismo militar en torno a la mentira está latente”. “Las Fuerzas Armadas continúan secuestrando a nuestros familiares”, agregó.

Urtazum fue consultado sobre el resultado del plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad y la expresión popular contraria a ella. “Expresión en contra no hubo, yo creo que si hubiera habido dos papeletas –una por el sí y otra por el no- como en 1989, otro hubiera sido el resultado”. ”Se dio entrada a jóvenes que están descubriendo que la lucha por los Derechos Humanos es importante”, señaló al ser consultado sobre la renovación generacional que implicó la campaña por la anulación. Las últimas marchas tuvieron un carácter especial por las diferentes noticias y avances sobre derechos humanos. En 2005 la marcha contó con la presencia del entonces presidente Tabaré Vázquez bajo la consigna "Para el pasado verdad, en el presente justicia, por siempre memoria y nunca más".

Al año siguiente la marcha se realizó en un clima de esperanza porque además de que muchas causas de derechos humanos habían sido desvinculadas del amparo de la Ley de Caducidad o desarchivados, se habían encontrado los restos de Fernando Miranda y Ubagesner Chávez Sosa. También se había abierto espacios en la órbita del Estado para investigar en materia de Derechos Humanos. En 2007 el tono había cambiado debido a que las excavaciones no pudieron encontrar más restos y las investigaciones en el seno de las Fuerzas Armadas tampoco ofrecían información alguna ni sobre el paradero ni sobre la eventual “Operación Zanahoria”. Si bien esta fue la primera marcha con militares y policías procesados (José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Arab, Ricardo Medina, José Sande, Ernesto Ramas y Luis Maurente) se había instalado la polémica por sus condiciones de reclusión. También estaba en cuestión la propuesta realizada por el presidente Tabaré Vázquez sobre el Día del Nunca Más. Las últimas dos marchas estuvieron marcadas por la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad y el cuestionamiento de la legitimidad de la consulta popular realizado en 1989 sobre la derogación de la Ley. Por su parte el senador Rafael Michelini recordó la primera marcha del Silencio en 1996 durante su audición en Radio Continente: “Yo no sabía sinceramente si participaría mucha gente. La marcha fue inmensa, habrá habido marchas más grandes, las hubo, naturalmente las últimas han sido inmensas pero aquella fue muy especial. Siempre la recuerdo como la primera marcha en ese día lluvioso en el que iba del brazo de mi madre”. Michelini señaló la necesidad de indagar sobre lo ocurrido con el segundo vuelo de la muerte y la posibilidad de que María Emilia Islas de Zafaronni haya dado a luz en 1977: “Es algo que hay que averiguar, porque de todos los horrores que vivimos, el peor de todos fue el cambio de identidad a los niños”. El 20 de mayo se cumplirán 34 años del hallazgo de los cuerpos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw que aparecieron en un Torino Sedán que había sido robado en la periferia de la ciudad de Buenos Aires.

Para convocar a la 15ª marcha del silencio se difunde un video realizado en 2009, en la campaña contra la anulación de la Ley de Caducidad, que cuenta con la participación de personalidades de la música popular.

Héctor Gutiérrez Ruiz*, (Montevideo, 21 de febrero de 1934 - Buenos Aires, 21 de mayo de 1976)
Político oriental, perteneciente al Partido Nacional.

Zelmar Raúl Michelini Guarch **

(Montevideo, 20 de mayo de 1924 - Buenos Aires, 21 de mayo de 1976)

Político y periodista uruguayo.

** En 1948 ingresó a la Universidad de la República como estudiante de Derecho. Allí, su condición de líder lo llevó a ser dirigente estudiantil integrando la Federación de Jóvenes Batllistas, siendo secretario general del Centro de Estudiantes de Derecho y de la Federación de Estudiantes Universitarios.

Casado con Elisa Delle Piane Iglesias, tuvo 10 hijos: Elisa, Margarita, Luis Pedro, Isabel, Zelmar, Cecilia, Rafael (posteriormente diputado y senador), Felipe (luego diputado y Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura), Graciela y Marcos.

Fue militante del Partido Colorado, en la Lista 15 de Luis Batlle Berres. Dirigente del gremio de los empleados bancarios y entre 1947 y 1951 se desempeñó como secretario del Presidente Luis Batlle; fue conocido como uno de los "jóvenes turcos" o "cinco claveles" de Batlle.

En 1954 fue electo diputado por primera vez, y en 1958, a pesar del triunfo nacionalista, volvió a obtener un escaño en la Cámara de Representantes. Se desempeñó por entonces como redactor político del diario "Acción". En 1962, ciertas discrepancias con Batlle Berres lo llevaron a apartarse de la Lista 15 y cofundar junto a Renán Rodríguez la Lista 99 - Movimiento por el Gobierno del Pueblo. Con ella obtuvo la reelección para un nuevo período como diputado, hasta 1967. A mediados de la década del 60 fundó y dirigió durante dos años el semanario "Hechos". A lo largo de su vida ejercerá el periodismo en diversos medios: "El Diario", "Marcha", "Respuesta" y "La Opinión" de Buenos Aires.

En 1966, su apoyo a la reforma constitucional que abolía el Consejo Nacional de Gobierno y restablecía la figura del Presidente de la República condujo a su ruptura con Rodríguez, que defendía el colegialismo. Michelini analizó por entonces la posibilidad de un acuerdo con Óscar D. Gestido para acompañarlo en la fórmula presidencial que éste encabezaría en las elecciones de aquel año, pero finalmente la negociación no fructificó y Michelini decidió postularse a la Presidencia, acompañado en la fórmula presidencial por Aquiles Lanza. No obtuvo una votación elevada, pero sí alcanzó por primera vez una banca en la Cámara de Senadores. En 1967, el Presidente Gestido lo designó Ministro de Industria y Comercio (hoy Industria, Energía y Minería), pero Michelini acabaría renunciando pocos meses más tarde por discrepancias con el gobierno. Retornó al Senado, donde se constituyó en un duro crítico de la orientación autoritaria del nuevo presidente Jorge Pacheco Areco. En 1970, a la vez que dejó el Partido Colorado, ingresó ese mismo año, en el marco de una alianza llamada "Frente del Pueblo", se acerca al Partido Demócrata Cristiano. Desde allí y conjuntamente con otros partidos de izquierda (Partido Comunista, el Partido Socialista) y otros grupos izquierdistas independientes, participa en la co-fundación del Frente Amplio, a comienzos de 1971.

En las elecciones de ese año volvió al Senado, esta vez elegido por el lema Frente Amplio. Continuó oponiéndose a la política del ahora presidente, Juan María Bordaberry. Durante 1972 sufre atentados contra su casa y su auto.

El 26 de junio de 1973 viaja a Buenos Aires para evitar el regreso del Senador Enrique Erro y al día siguiente se produce el Golpe de Estado y Michelini se exilia en Buenos Aires, desde donde llevó a cabo una gran batalla denunciando, entre otras cosas, las violaciones a los derechos humanos del régimen cívico-militar uruguayo, no sólo en Argentina sino también en todos los foros internacionales que estuvieron a su alcance. Una de sus hijas, Elisa, encarcelada por su militancia política, fue torturada como método de presión para que Michelini detuviera su accionar, cosa que nunca hizo.

El 18 de mayo de 1976 fue secuestrado en Buenos Aires, hallándose su cuerpo sin vida, asesinado, el 21 de mayo, junto con el del ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, que también había sido secuestrado, y los de los ex militantes guerrilleros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw.

Con el regreso a la democracia en Uruguay, en 1985, el Parlamento rindió homenaje a ambos legisladores asesinados en Buenos Aires y aprobó la creación de una Comisión investigadora sobre sus asesinatos. En abril de 1986, la Comisión recibió el testimonio de una enfermera que declaró que a fines de mayo de 1976 habría atendido al capitán de ejército Pedro Mato, emocionalmente conmocionado por el remordimiento -que decía- le provocaba ser el autor del disparo que habría causado la muerte de Zelmar Michelini. Días más tarde, el diario El País en la sección "El duende de la trastienda" a cargo del periodista Daniel Herrera Lussich, publicó las declaraciones de la enfermera que tenían el carácter de secretas. Esta filtración dañó la confianza y credibilidad de la Comisión. Hasta el día de hoy se desconoce al autor de la filtración y existen diversas interpretaciones tanto sobre su identidad como sobre el objetivo de la filtración.

El 16 de noviembre de 2006 el juez uruguayo Roberto Timbal sometió a proceso y a prisión preventiva al ex dictador Juan María Bordaberry y al canciller de la dictadura militar uruguaya Juan Carlos Blanco, imputándoles la autoría intelectual de dichos crímenes.

En marzo de 2010 la fiscal Mirtha Guianze solicitó una condena de 30 años de prisión para el ex dictador Juan María Bordaberry y para el ex canciller Juan Carlos Blanco por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en 1976.

* Héctor Gutiérrez Ruiz fue casado en únicas nupcias con Matilde Rodríguez Larreta, y tuvieron 5 hijos: Marcos, Juan Pablo, Magdalena, Facundo y Mateo.

En su juventud estudió Derecho y Filosofía. En un principio militó en el sector herrerista, y acompañó a Alberto Heber Usher. En 1966 fue electo diputado por Tacuarembó. Dos años después participó en la creación del movimiento Por la Patria, liderado por Wilson Ferreira Aldunate. En las elecciones de 1971 reconquistó su banca de diputado. Entre 1970 y 1971 dirige el diario El Debate. En 1972 fue elegido por sus pares como presidente de la Cámara de Representantes, y un año después volvieron a designarlo para ese puesto, que seguía ocupando en el momento en que se produjo el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Exiliado entonces en la Argentina, desde el exterior se movilizó constantemente contra la dictadura militar uruguaya. Fue secuestrado en Buenos Aires el 18 de mayo de 1976, y tres días después apareció asesinado, junto al también secuestrado ex senador Zelmar Michelini y al matrimonio de refugiados políticos Rosario Barredo y William Whitelaw.

Vergüenza (II)

Por Gerardo Sotelo

La puja entre el Frente Amplio y el Partido Nacional por la muerte en prisión de Zapata Tamayo en una cárcel cubana vuelve a poner sobre el tapete la doble moral con la que se miden las violaciones a los derechos humanos cuando median fines políticos. Reconocido por Amnistía Internacional como un prisionero de conciencia (alguien encarcelado por sus convicciones políticas) Zapata Tamayo era un activista de la oposición democrática cubana que purgaba una larga e injusta condena desde hace siete años.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece ya en su preámbulo que "una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia" para el "respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales". Si aceptamos que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", como establece su Artículo 1o., la suerte de Zapata Tamayo no es diferente a la que padecieron miles de uruguayos durante la dictadura y debería alcanzar para justificar una condena.

Pero la Declaración dice también que "toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados" y que "no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona". Como se ve, la apelación a la autodeterminación de los pueblos y a las singulares condiciones políticas y sociales de los cubanos para justificar los crímenes de sus gobernantes, es contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Quizás por desconocimiento, el presidente Mujica eludió tales principios y apeló a una tesis clasista para fustigar al "mundo rico" por imponer a los demás países conductas que no practica. Mujica respondía así a la condena al Estado cubano hecha por la Unión Europea que preside el socialista Rodríguez Zapatero, por la muerte de Zapata, la que calificó de "cruel" y "evitable".

El senador Alberto Couriel eligió otro antiguo atajo: reprochó a su colega Luis Alberto Lacalle que se preocupe por el caso cubano y no por otras violaciones a los derechos humanos, como las cometidas por Estados Unidos en su base de Guantánamo. En esa prisión al cuadrado (Guantánamo se encuentra en territorio cubano) miles de prisioneros han esperado "sine die", que algún burócrata estadounidense resolviera sobre su destino, al margen de toda garantía legal, mientras eran sometidos a abusos de todo tipo. El razonamiento de Couriel se basa en la presunción de que algunos dirigentes políticos utilizan el dolor ajeno para acarrear voluntades y hostigar a sus adversarios, un argumento válido pero volvedor como un bumerán, puesto que el acusador no condenó la crueldad de quienes terminaron con la vida de un prisionero de conciencia.

La represión sistemática del gobierno cubano contra cualquier forma de disidencia incluye el hostigamiento permanente y la agresión física por parte de bandas oficialistas contra las "Damas de blanco", un grupo de mujeres que reclama de manera pacífica la liberación de los presos políticos. La situación se ha vuelto escandalosa aún para antiguos admiradores del régimen como Ana Belén y Víctor Manuel quienes firmaron junto a decenas de artistas españoles, una carta titulada "Yo acuso al gobierno cubano", protestando por la muerte de Orlando Zapata Tamayo, "injustamente encarcelado y brutalmente torturado en las prisiones castristas". En la carta no sólo se denuncia "estos crímenes" sino "la falta de derechos y democracia en su país". Ya no se trata de "propaganda imperialista" ni del accionar de los "gusanos de Miami" sino de voces de izquierda que se alzan contra la tiranía cubana en nombre de principios universales, y seguramente, también en nombre de los valores humanistas e internacionalistas del socialismo.

Los gobernantes y los líderes políticos y sindicales deberían alzar su voz en toda circunstancia en la que se viola los derechos de quienes luchan por la libertad. Sobre todo si lo hacen a riesgo de sus propia vidas, en lugar de mandar a la muerte a sus compatriotas. Si no son capaces de solidarizarse con las víctimas y sus familiares por miedo a las represalias políticas, deberían al menos guardar silencio en señal de respeto.