Por Gabriela Seijas
Para LA NACION
La sociedad puede debatir si existe un modelo ideal de familia. Aun si fuera posible algún consenso, ello no permitiría privar de protección legal a quienes no respondan al modelo. Tal como afirmó Hölderlin en su Hiperión : "Siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo lo ha convertido en su infierno".
Para la comunidad científica, la homosexualidad no es una enfermedad y, si bien la religión puede colocar la conducta sexual de las personas en el centro de sus sistemas éticos, el Derecho, no. La homosexualidad entonces no es un problema para el Estado.
Muchos creen tener derecho a señalar a otros como anormales y no vacilan en comparar relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo con la pedofilia, la zoofilia o el incesto. Revelan así que el problema que requiere urgente atención es la irracional aversión de quienes pretenden excluir del goce de determinados derechos a un grupo que, en su fantasía, suponen amenazador para su integridad o la de su familia.
Si bien frente al imperativo de la corrección democrática, discursos fuertemente reaccionarios aceptan la homosexualidad mientras quede reducida al ámbito de lo privado, el reclamo por algo tan público como el matrimonio muestra lo insuficiente del discurso de la tolerancia.
A partir de sentencias favorables a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, el intento de mantener determinadas concepciones adquirió características violentas. Basándose en lecturas deformadas de precedentes de la Corte Suprema se han colectivizado procesos referidos a derechos civiles, como si trataran asuntos de contaminación ambiental. Se intentó confiscar libretas de matrimonio bajo amenaza de cuantiosas multas. Una ceremonia fue suspendida por personas que invocan sin reparo la "ley natural" cuando la positiva no basta.
Esta frustración tiene consecuencias que van más allá de herir sentimientos u ofender. Cuando alguien entre en coma, su pareja no podrá ejercer determinados derechos. En caso de morir, no podrá recibir su cuerpo. No habrá licencias laborales para celebrar, ni para cuidar, ni para velar. Cuando un hijo quede a cargo del padre no biológico, éste no podrá repeler los reclamos judiciales de los familiares, y podrá perder hasta el derecho a verlo. Todo ello en defensa de un ideal de familia cuya hegemonía está irremediablemente cuestionada en la práctica social.
La lucha contra la discriminación requiere una reforma legislativa. Los argumentos jurídicos son simples: la "familia" protegida por el bloque constitucional incluye las que le gustan al intérprete y las que no. No se trata de debatir si son posibles otras formas de vida afectiva distintas de la tradicional porque las tenemos delante, existen. Se trata de saber si es posible diseñar un marco legal inclusivo que adapte sus institutos a la realidad.
Un gran número de niños es criado actualmente por gays y lesbianas, ya sea en pareja o solos. Esto es considerado un riesgo para la transmisión de cierta "pureza cultural". Sin embargo no hay evidencia científica de que los progenitores homosexuales se diferencien de los heterosexuales en su capacidad de dar amor, contención y educación, o que sus hijos muestren algún déficit respecto a los niños criados por heterosexuales. Lo que resulta indudable es que si sus progenitores pueden casarse, se verán favorecidos por los beneficios que proporciona el matrimonio y por la ausencia de la estigmatización legal de sus familias. Los heterosexuales no son naturalmente padres abnegados. Es elemental la existencia de un genuino deseo para ser padres. Esta voluntad pese a tanta adversidad y prejuicio se muestra como la contracara del abandono.
La idea de establecer un sistema de "unión civil" no resulta suficiente. Parece desconocer que, históricamente, el concepto de "iguales pero separados" ha servido para camuflar el repudio hacia grupos excluidos. El mantenimiento de un régimen exclusivo para parejas heterosexuales refuerza la estigmatización y es demostrativa del desprecio a las diferentes formas de sexualidad. Sugiere que el compromiso es inferior y que no merece los derechos que otorga el matrimonio. Nuestro marco constitucional otorga derechos que van más allá de la mera privacidad, como el derecho de las personas a ser tratadas dignamente.
Que el Congreso de la Nación tome la iniciativa en la lucha contra la discriminación y apruebe esta reforma, importaría generar un marco legal que fomente la libertad y el autogobierno bajo condiciones de igualdad. Decir que se está a favor del matrimonio gay no es un ataque ni una defensa de la institución. Admitirlo es la manera de asegurar que quienes así lo quieran puedan acceder a ese derecho, e importará contrarrestar los fuertes discursos homofóbicos que aún persisten en nuestra sociedad.
Ya que tanto se ha discutido últimamente sobre etimologías, permítaseme sumar una más. El civismo (del latín civis ) se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad: el respeto hacia el prójimo, el entorno y lo público. En otras palabras, buena educación, urbanidad y cortesía. Sólo de eso se trata.
Para la comunidad científica, la homosexualidad no es una enfermedad y, si bien la religión puede colocar la conducta sexual de las personas en el centro de sus sistemas éticos, el Derecho, no. La homosexualidad entonces no es un problema para el Estado.
Muchos creen tener derecho a señalar a otros como anormales y no vacilan en comparar relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo con la pedofilia, la zoofilia o el incesto. Revelan así que el problema que requiere urgente atención es la irracional aversión de quienes pretenden excluir del goce de determinados derechos a un grupo que, en su fantasía, suponen amenazador para su integridad o la de su familia.
Si bien frente al imperativo de la corrección democrática, discursos fuertemente reaccionarios aceptan la homosexualidad mientras quede reducida al ámbito de lo privado, el reclamo por algo tan público como el matrimonio muestra lo insuficiente del discurso de la tolerancia.
A partir de sentencias favorables a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, el intento de mantener determinadas concepciones adquirió características violentas. Basándose en lecturas deformadas de precedentes de la Corte Suprema se han colectivizado procesos referidos a derechos civiles, como si trataran asuntos de contaminación ambiental. Se intentó confiscar libretas de matrimonio bajo amenaza de cuantiosas multas. Una ceremonia fue suspendida por personas que invocan sin reparo la "ley natural" cuando la positiva no basta.
Esta frustración tiene consecuencias que van más allá de herir sentimientos u ofender. Cuando alguien entre en coma, su pareja no podrá ejercer determinados derechos. En caso de morir, no podrá recibir su cuerpo. No habrá licencias laborales para celebrar, ni para cuidar, ni para velar. Cuando un hijo quede a cargo del padre no biológico, éste no podrá repeler los reclamos judiciales de los familiares, y podrá perder hasta el derecho a verlo. Todo ello en defensa de un ideal de familia cuya hegemonía está irremediablemente cuestionada en la práctica social.
La lucha contra la discriminación requiere una reforma legislativa. Los argumentos jurídicos son simples: la "familia" protegida por el bloque constitucional incluye las que le gustan al intérprete y las que no. No se trata de debatir si son posibles otras formas de vida afectiva distintas de la tradicional porque las tenemos delante, existen. Se trata de saber si es posible diseñar un marco legal inclusivo que adapte sus institutos a la realidad.
Un gran número de niños es criado actualmente por gays y lesbianas, ya sea en pareja o solos. Esto es considerado un riesgo para la transmisión de cierta "pureza cultural". Sin embargo no hay evidencia científica de que los progenitores homosexuales se diferencien de los heterosexuales en su capacidad de dar amor, contención y educación, o que sus hijos muestren algún déficit respecto a los niños criados por heterosexuales. Lo que resulta indudable es que si sus progenitores pueden casarse, se verán favorecidos por los beneficios que proporciona el matrimonio y por la ausencia de la estigmatización legal de sus familias. Los heterosexuales no son naturalmente padres abnegados. Es elemental la existencia de un genuino deseo para ser padres. Esta voluntad pese a tanta adversidad y prejuicio se muestra como la contracara del abandono.
La idea de establecer un sistema de "unión civil" no resulta suficiente. Parece desconocer que, históricamente, el concepto de "iguales pero separados" ha servido para camuflar el repudio hacia grupos excluidos. El mantenimiento de un régimen exclusivo para parejas heterosexuales refuerza la estigmatización y es demostrativa del desprecio a las diferentes formas de sexualidad. Sugiere que el compromiso es inferior y que no merece los derechos que otorga el matrimonio. Nuestro marco constitucional otorga derechos que van más allá de la mera privacidad, como el derecho de las personas a ser tratadas dignamente.
Que el Congreso de la Nación tome la iniciativa en la lucha contra la discriminación y apruebe esta reforma, importaría generar un marco legal que fomente la libertad y el autogobierno bajo condiciones de igualdad. Decir que se está a favor del matrimonio gay no es un ataque ni una defensa de la institución. Admitirlo es la manera de asegurar que quienes así lo quieran puedan acceder a ese derecho, e importará contrarrestar los fuertes discursos homofóbicos que aún persisten en nuestra sociedad.
Ya que tanto se ha discutido últimamente sobre etimologías, permítaseme sumar una más. El civismo (del latín civis ) se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad: el respeto hacia el prójimo, el entorno y lo público. En otras palabras, buena educación, urbanidad y cortesía. Sólo de eso se trata.
© LA NACION
La autora es jueza en el fuero contencioso adminstrativo de la ciudad.
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